| La aparente fragilidad de los argumentos aportados por la República portuguesa en su defensa frente a la solidez de la jurisprudencia comunitaria sobre las acciones de oro hacen previsible que el Tribunal de Justicia condene una vez más a Portugal por mantener mecanismos de control sobre empresas privatizadas incompatibles con la libertad de circulación. Artículo de Patricia Liñan, publicado en El Economista el 5 de julio
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